Resumen: Se impugna acuerdo que decide la tramitación de emergencia del contrato de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la Comunidad Autónoma ante el inminente vencimiento del contrato actual y la dificultad de contratar uno nuevo en plazo. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es la causa legal que motiva la tramitación de emergencia, justificando la Administración demandada el uso de este procedimiento en el riesgo potencial de que no se pueda prestar el servicio público de comunicación audiovisual y de que se interrumpa hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato.Se trataba de mantener la prestación de un servicio considerado esencial, y si dicha justificación se ofrece en la resolución recurrida. No se discute el carácter esencial del servicio que se trata de prestar, así como que la tramitación del expediente 2/2020 para adjudicar el nuevo contrato quedó suspendido en el momento mismo de decretarse el estado de alarma, al suspenderse los términos y plazos de las actuaciones a realizar. Consecuencia de ello era indefectiblemente que a fecha 30 de abril de 2020, cuando finalizara el contrato, finalizarían las emisiones al no poder prestarse el servicio de forma directa por la Administración.
Resumen: La orden recibida por el acusado, en tanto no tenía otro soporte normativo distinto de las prevenciones contenidas en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, -prorrogado por el número 476/2020, de 27 de marzo-, declarado expresamente inconstitucional, resultaba manifiestamente opuesta al ordenamiento jurídico, en tanto vulneraba derechos fundamentales. El derecho fundamental a "elegir libremente la propia residencia" también contemplado en el art. 19.1, párrafo primero , aunque presenta perfiles propios, tiene una estrecha vinculación con el propio derecho a la libertad de circulación. Se ha de concluir que el acusado se hallaba, precisamente en el legítimo ejercicio de estos derechos fundamentales cuando los agentes, en cumplimiento de lo establecido en el mencionado Real Decreto, le ordenaron, de modo antijurídico, que cesara en el disfrute de aquéllos. Todo ello determina, como fácilmente podrá comprenderse, la estimación del presente recurso y el dictado de una segunda sentencia de sentido absolutorio del delito de desobediencia por el que había sido condenado. Estando vedada la sanción penal o administrativa por hechos que en el momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el mantenimiento de la sanción penal o administrativa que traiga causa de una disposición declarada nula vulneraría el derecho a la legalidad penal consagrado en el indicado precepto constitucional.
